Redacción El CoahuilenseAnte las conclusiones emitidas por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que pidió llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su desacuerdo. El organismo mexicano reiteró que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado y cuestionó la interpretación del Comité.
El documento refiere que el Comité, integrado por “expertos independientes”, identificó indicios “fundados” de desapariciones “de manera generalizada o sistemática”. Con base en ello, consideró necesario que el tema sea discutido en la Asamblea General.
Según la CNDH, dicha determinación se sustentó principalmente en solicitudes de ONG y colectivos de familiares. Ante ello, el organismo cuestionó que no se hayan agotado previamente los mecanismos nacionales establecidos en los artículos 30 y 31 de la Convención Internacional.
La Comisión señaló que el análisis omitió considerar los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales realizados en los últimos siete años. Además, indicó que el Comité retomó argumentos del Centro Prodh, que calificó las acciones como “acciones parciales y poco coordinadas”.
Respecto a la temporalidad, el organismo sostuvo que el dictamen no distingue los periodos en los que se concentraron las desapariciones. Precisó que estas ocurrieron como política de Estado durante la “Guerra Sucia” y la “Guerra contra el narcotráfico”, mientras que desde 2018 han disminuido.
Al revisar el contenido del dictamen, la CNDH identificó una inconsistencia al señalar que el Comité niega la existencia de una política federal deliberada, pero al mismo tiempo afirma que las desapariciones responden a políticas estatales u organizacionales.
La Comisión recordó que entregó información a la Cancillería sobre expedientes de queja, donde se observa que la mayoría de los casos se concentra en el periodo de la “Guerra contra el narcotráfico” y en regiones específicas, elementos no considerados en el análisis.
En su actuación reciente, el organismo reportó la emisión de 14 recomendaciones por hechos de años anteriores y 5 por casos recientes. Estos últimos incluyen eventos en Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
Asimismo, destacó la disminución de los casos y la mayor rapidez en su atención, en contraste con administraciones anteriores. También señaló irregularidades en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas mediante la Recomendación 238/2023.
Finalmente, cuestionó la propuesta de medidas internacionales al considerar que replican esquemas sin resultados, rechazó posturas de algunas ONG y afirmó que continuará informando a organismos internacionales.
