Redacción El CoahuilenseMéxico.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que en el país la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado.
La respuesta se da luego que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas pidió a la ONU remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que esta considere medidas destinadas a intervenir en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
Ante ello, el organismo sostuvo que la desaparición forzada sí fue una política de Estado solamente entre 1951 y 1990 y luego en los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y que en la actualidad no ocurren de manera sistemática”.
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“Para sostener que las desapariciones forzadas son generalizadas, el Comité se basa en información relacionada principalmente con los datos del calderonismo, pero argumentando que la situación actual es similar, lo cual no corresponde a un análisis correcto en cuanto a las tendencias del fenómeno y de las acciones para atenderlo”, mencionó la Comisión.
Asimismo, la Comisión afirma que la desaparición forzada ha ido a la baja en los últimos dos gobiernos y que se les resuelve en el más corto tiempo.
“En el pasado prevaleció el encubrimiento y la desatención frente a los casos, impidiéndose que se llevaran a cabo la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, y lo notable es que la ONU no dijo nada entonces”, agregó
La CNDH le escribe al CED que “equiparar la situación de violencia y violaciones a derechos que ocurría en el pasado con la situación actual, es no sólo un error analítico, sino que es una decisión política que devela la postura del Comité”.
Participación del CED es ilegítima: CNDH
En su postura, la Comisión también señala que para considerar legítima la participación del Comité en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales.
“En lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo por el Estado en los últimos 7 años, se optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh, es decir, la ONG solicitó ayuda del exterior, pasando por encima de lo que establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en sus artículos 30 y 31, los cuales señalan las condiciones para la intervención del Comité. Lo que, a todas luces, no se observó en este caso”, reclamó la CNDH
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La Comisión declaró que si bien está pendiente de saldarse la deuda con las víctimas de la violencia política del Estado, los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer.
“Para esta Comisión Nacional se trata de una postura acomodaticia y sesgada el hacer, minorizado de las terribles consecuencias de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ de Calderón y minimiza los logros en materia de seguridad, con el cambio de estrategia, y decide ignorar los avances normativos, institucionales y de voluntad política en materia de uso de la fuerza, construcción de paz y atención a víctimas de violaciones a derechos humanos, que se ha empujado en los últimos años”, dice el documento.
Finalmente, la CNDH rechazó “las expresiones que se han difundido desde ciertas ONG en aparente “solidaridad” con las víctimas, con las que sólo se busca seguir lucrando con los derechos humanos a costa de politizar la determinación del Comité, ignorando el carácter indiciario y de cooperación internacional de su dictamen”.
ONU señala ausencia de estrategias en búsqueda de desaparecidos en México
A finales de marzo, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas señaló deficiencias estructurales reiteradas en las respuestas sobre acciones para la implementación, así como ausencia de estrategias integrales de búsqueda con planes, cronogramas y coordinación efectiva.
También destacó la investigación insuficiente de posibles responsabilidades estatales, protección inadecuada a familiares y buscadores, incluso en casos con medidas urgentes solicitadas por la ONU.
En varios estados, la información presentada al Comité también reflejó obstáculos en la participación de los familiares; su limitado acceso a los expedientes; largos períodos sin información y amenazas o intimidación vinculadas a sus esfuerzos de búsqueda que no fueron debidamente investigadas.
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