Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
El gobierno federal acaba de poner por escrito, en el Diario Oficial de la Federación, la confesión más incómoda sobre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP): el organismo creado como emblema de la justicia social de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador está rebasado por bodegas llenas de bienes de ínfimo valor, empresas públicas en liquidación desde hace décadas, cientos de juicios laborales y un marco jurídico que lo obliga a administrar chatarra que cuesta más cuidarla que venderla.
Sobre el papel, el Instituto se promete a sí mismo cinco cosas: cambiar sus leyes para generar más recursos, concluir la liquidación de empresas emblemáticas como Ferrocarriles Nacionales, Luz y Fuerza del Centro, la Financiera Nacional de Desarrollo y Notimex; ordenar su inventario de bienes; actualizar su normativa interna y, casi como acto de fe, basar su operación en “personas servidoras públicas con ética y excelencia técnica”.
La novedad no es el discurso –“Humanismo Mexicano”, “austeridad republicana”, “devolver al pueblo lo robado”–, sino el nivel de autocrítica que aparece en un documento oficial. El Programa reconoce que hoy el INDEP es un aparato lento, caro e ineficiente que, lejos de devolver algo a alguien, acumula problemas y cargas al erario.
El propio Programa admite que el marco jurídico del INDEP se quedó a medio camino cuando, en 2020, se transformó al viejo antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La ley que lo rige todavía responde a una lógica financiera y burocrática, no a la misión social que se presume en los discursos.
Un ejemplo clave: la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público obliga al Instituto a recibir bienes cuyo valor mínimo equivale a seis meses de UMA (20 mil 365 pesos para 2025) y que, en teoría, deben valer más de lo que cuesta administrarlos. En la práctica, las excepciones legales han convertido al INDEP en el basurero de bienes de “ínfimo valor”: el propio diagnóstico reconoce que un poco más del 97 por ciento de los bienes muebles transferidos en 2024 no cumple ese criterio, pero igual terminan en sus bodegas.
A finales de 2024 el INDEP administraba 125 millones de piezas, de las cuales 78 millones eran minerales, medidos en kilogramos. A eso se suman clavos, tornillos, hojas de papel, popotes, bolsas para té, botellas, textiles y electrónicos que inflan las cifras, pero aportan muy poco en términos de ingresos. El precio promedio de venta de los bienes, reconoce el Programa, ronda los 72 pesos por pieza, con una “cantidad significativa” por debajo de ese nivel.
La paradoja es brutal: el Instituto que debería convertir bienes incautados en recursos para programas sociales está usando dinero público para guardar mercancía obsoleta, incompleta, caducada o prácticamente invendible. Y lo sabe.
El Programa pone números al estancamiento. En 2024, sólo el 9 por ciento del inventario de bienes muebles en administración tuvo algún destino (venta, donación, destrucción o devolución). En el caso de los inmuebles, el porcentaje fue todavía más dramático: apenas 3 por ciento de las propiedades administradas por el INDEP logró venderse, donarse o devolverse ese año.
Detrás de esos porcentajes hay historias largas. En el caso de los bienes provenientes de comercio exterior, la relación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y con el SAT es tan desordenada que el inventario “nace con debilidades”. El Programa documenta registros erróneos, duplicados, descripciones vagas, condiciones físicas inaceptables y expedientes incompletos.
Más aún, gran parte de los bienes que hoy están en las bodegas del INDEP llevan años ahí. Para los bienes transferidos por SAT-Comercio Exterior (sin contar minerales), el propio documento reconoce que 55 por ciento del inventario en administración a diciembre de 2024 fue recibido en 2020 o antes. Es decir, mercancías que llevan al menos cinco años estacionadas y generando costos por vigilancia, almacenaje, seguros, mantenimiento y servicios básicos.
En paralelo, el Instituto admite que ni siquiera conoce con precisión el valor del inventario en administración: no existe una valuación integral porque los avalúos sólo se hacen cuando un bien se pone en venta.
El documento del Diario Oficial deja una conclusión incómoda: devolver al pueblo lo robado pasa, primero, por dejar de robarle tiempo y recursos al propio Estado con una maquinaria que gasta demasiado para entregar casi nada.
