Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
La industria automotriz mexicana, motor indiscutible de la economía nacional, al representar casi 4 por ciento del PIB total del país, enfrenta hoy una disyuntiva que puede marcar su futuro inmediato. El Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México, impulsado desde el Gobierno Federal que encabeza Claudia Sheinbaum, busca poner orden en un terreno desigual: bienes importados que llegan sin cumplir los mismos requisitos fiscales, técnicos o ambientales que los fabricantes instalados en el país. La propuesta es establecer reglas y aranceles a productos provenientes de naciones con las que no existe tratado comercial.
El respaldo no se hizo esperar. Tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dirigida por Rogelio Garza, como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), presidida por Rogelio Arzate, coincidieron en la urgencia de un marco regulatorio transparente y equitativo. Con ello, la Secretaría de Economía al mando de Marcelo Ebrard y el Subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, se colocan en el centro de un esfuerzo que no solo busca equilibrar la cancha, sino preservar la confianza de inversionistas que han apostado por México como plataforma industrial.
Y es que, sin reglas claras, la competitividad se erosiona, la planta productiva se debilita y los empleos se ponen en riesgo. La medida también apunta a resolver prácticas opacas en la fiscalización y en el reporte de ventas, pues sin transparencia no hay mercado que resista. Esta iniciativa, además, abre la puerta a fortalecer la movilidad sustentable, un frente en el que la industria de vehículos pesados tiene mucho qué decir, pues el sector no solo produce bienes de capital, también impulsa un modelo de transporte que debe alinearse a compromisos ambientales internacionales. Por ello, apostar por innovación y sostenibilidad es, al mismo tiempo, proteger el empleo y garantizar que México siga siendo competitivo en el escenario global.
El reto que llega al Congreso es diseñar políticas de largo plazo, que trasciendan coyunturas y consensos frágiles. Si gobierno, industria y sociedad logran articular una visión común, el país no solo blindará a un sector estratégico, sino que lo proyectará como eje de crecimiento y movilidad del mañana. La industria automotriz pide reglas claras, y México tiene la oportunidad de dárselas.
Doble cara del zar
El llamado “zar de la información” enfrenta hoy la paradoja de haberse convertido en símbolo de lo que decía combatir. José Luis Moyá pasó de encabezar solicitudes de acceso y presentarse como vigilante de los poderes públicos a ser investigado por enriquecimiento sospechoso y prácticas que rayan en la extorsión. Su caso obliga a reflexionar sobre el riesgo de que figuras que aparentan defender la rendición de cuentas terminen utilizándola como negocio privado. La existencia de presuntas operaciones financieras por millones de pesos, ejecutadas a través de familiares, coloca a Moyá en el centro de una trama que difícilmente puede justificarse con el discurso de activismo. Incluso, la acumulación de denuncias a lo largo de los años sugiere que su historia no responde a un episodio aislado, sino a un patrón de comportamiento que encontró resquicios en las instituciones.
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