Alberto AguirrePor Alberto Aguirre
Hace dos semanas entró en vigor la reforma constitucional que postergó la elección de los jueces y magistrados hasta el 2028. Sus artículos transitorios incluyen una modificación aplicable a tres integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que debían ser relevados el año próximo.
Además de la extensión obligada de mandato, los tres magistrados podrán competir por un periodo más. Estos cambios se oponen a lo estipulado en el artículo 99 constitucional, que establece un periodo improrrogable de seis años para las magistraturas electorales. Y por supuesto, también está el principio de no reelección, abrazado por la Cuarta Transformación para limitar el poder de las elites políticas.
Dos organizaciones cívicas —Laboratorio Electoral y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico—acudieron ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer un juicio que –de admitirse— obligará a los ministros del Máximo Tribunal Constitucional resolver en definitiva sobre esta evidente incompatibilidad.
La demanda no impugna la reforma validada por la mayoría oficialista, a propuesta del Ejecutivo federal. Tampoco cuestiona las facultades del órgano reformador, si no que emplaza a los ministros a armonizar y dar coherencia a los postulados de la Carta Magna.
Las contradicciones entre artículos constitucionales, provocadas por recientes reformas aprobadas por el Legislativo se han hecho patentes. Con otras implicaciones, la adición al artículo 127 constitucional que acabaría con las denominadas “pensiones doradas” generó una avalancha de amparos y obligó a una negociación con distintas asociaciones de jubilados y pensionados, principalmente de los gremios mineros y electricistas.
Un “criterio interpretativo” emitido por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, habría establecido el tope a las jubilaciones de los ex servidores públicos en situación de retiro en 134,290 y el ajuste sería aplicado a partir de la segunda catorcena de julio, de acuerdo con comunicaciones emitidas de los jubilados.
“Ahora por encima del salario de la presidenta no puede haber nada, eso sí está garantizado”, acotó la presidenta Sheinbaum durante su conferencia matutina, el pasado jueves 11. “Pero es una interpretación jurídica y nosotros tenemos que respetar la Ley. Y se está valorando, se está viendo”.
Los jubilados de Bancomext, Banobras, Banrural, Luz y Fuerza del Centro, NAFIN, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos mantendrán sus promociones, a fin de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la validez de la reforma constitucional.
El sistema de pensiones, en el fondo del debate. Al cierre del primer trimestre del 2026 –informó la CONSAR— los fondos de ahorro para el retiro registraron una plusvalía de 476,411 millones de pesos en los primeros cinco meses del año.
De junio de 2025 a mayo de 2026, el sistema ha generado plusvalías por 1.2 billones de pesos. Actualmente administra alrededor de 9 billones de pesos y ha generado un rendimiento nominal histórico superior a 10.5% y cercano a 5% por encima de la inflación, destacó la Asociación Mexicana de las Administradores de los Fondos de Ahorro para el Retiro.
Efectos secundarios
CONSISTENCIA. Uno es el reporte de evaluación del gobierno federal, fechado en abril. Otro es un estudio de opinión “a nivel nacional”. Ambos están rubricados por Demotecnia, la casa encuestadores dirigida por Rodrigo Galván de las Heras, y refieren a un mismo indicador: la opinión de los mexicanos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. En enero, 63% de los entrevistados expresó una opinión muy buena/buena; en mayo se ubicó en 72% y en junio, del 71%; el promedio semestral de la calificación al trabajo de la Presidenta es de 7.2 puntos. ¿Y la aprobación sobre su desempeño? ¿Y el histórico sobre la preferencia electoral? Otros tienen mejores datos, más precisos.
¿PLEITOS? Las discrepancias en torno a la propaganda gubernamental, cada vez más notorias. Pero los escándalos podrían dejar inhabilitados a los bandos en pugna. Las indagatorias internas apuntan a abusos administrativos, pero revisiones de agencias foráneas son las más preocupantes, por sus alcances.
