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Por Álvaro Delgado Gómez
Ante el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos que también a él lo compromete en conductas criminales, Felipe Calderón decidió huir a España para esconderse detrás del expresidente del Gobierno español José María Aznar y del magnate Ignacio Galán, su patrón en Iberdrola, por algo que él mismo hizo público: su miedo a ser detenido y encarcelado.
Calderón reveló, en octubre, que en México tiene seis investigaciones en su contra y que es un perseguido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Diputado local Christian von Roerich, otros políticos panistas que también han huido.
“Se persigue a los adversarios, se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador (Ricardo Anaya), independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo seis carpetas de investigación de carácter penal por las cosas más ridículas”.
Esta aseveración de Calderón sobre las investigaciones contra él la hizo en Madrid, el 21 de octubre, justo cuando acababa de recibir del Gobierno de España la autorización de residencia y de trabajo como “académico” del Instituto Atlántico de Gobierno, una escuela de derecha que dirige Aznar, quien apadrinó el trámite de su refugio en ese país.
Y fue junto a Aznar, al expresidente Ernesto Zedillo y al escritor Mario Vargas Llosa —quien celebraba el 20 aniversario de su Fundación Internacional para la Libertad— que Calderón manifestó su miedo de ir a la cárcel por alguna de las seis carpetas de investigación que se le siguen en México, algo con lo que ha especulado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero sobre lo que nada ha dicho la Fiscalía General de la República (FGR).
De lo único que existe constancia oficial que puede involucrar a Calderón son dos carpetas de investigación de la FGR: Una es el operativo “Rápido y furioso”, mediante el cual el Gobierno de Estado Unidos introdujo ilegalmente a territorio de México miles de armas a través de grupos criminales para supuestamente darles seguimiento.
Y la otra está relacionada con los ocho contratos leoninos que Calderón entregó, a través de García Luna, a seis grupos empresariales para la construcción y administración de ocho penales federales, que en realidad fueron pagados como hoteles de gran turismo.
Aunque siempre lo han negado, Calderón, el exprocurador Eduardo Medina Mora y el Embajador Arturo Sarukhán están involucrados en “Rápido y furioso”, operativo por el cual la FGR logró obtener, en enero de 2022, siete órdenes de aprehensión contra García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las otras dos órdenes de aprehensión no han sido cumplimentadas, pero, según información extraoficial, son contra el exprocurador Medina Mora y el propio Calderón, superior de esos tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
La otra carpeta de investigación que involucra directamente a Calderón está relacionada con el otorgamiento que él hizo, en 2010, de contratos para la construcción de ocho penales federales, que comprometieron las finanzas del Gobierno hasta el año 2032, un caso por el que la FGR logró una orden de aprehensión contra García Luna por el uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.
Aunque hay varios funcionarios involucrados en el otorgamiento de estos contratos, entre ellos el oficial mayor Sergio Montaño Fernández, Calderón fue quien autorizó las obras que beneficiaron a seis grupos empresariales, que en el Gobierno de López Obrador aceptaron una disminución del 15 por ciento de lo previsto.
Los beneficiarios de los contratos de Calderón están vinculados también a prominentes políticos: uno es Grupo Ingeniería Arquitectura (GIA), cuyo presidente es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, y otro es Grupo Tradeco, de Federico Martínez Urmeneta, supuesto socio de Salinas y vinculada a Calderón a través de su secretario particular, Roberto Gil Zuarth, actual coordinador del proyecto presidencial de Lilly Téllez.
Un tercero es Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Aldir, que posee el grupo hospitalario Ángeles y que también está en el negocio de los medios con Grupo Imagen y el diario Excélsior, y el cuarto es Grupo Homex, de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, vinculado a la familia de Peña Nieto.
Los otros dos son Grupo Arendal, que encabeza Jesús García Pons y especializada en construcción ductos para la industria energética, y Grupo Ingenieros Civiles y Arquitectos (ICA), encabezada por Bernardo Quintana Isaac.
Sólo en estos dos casos hay elementos sobre la presunta responsabilidad de Calderón en delitos, pero están pendientes los que involucran las otras cuatro carpetas de investigación que él ventiló en España, asuntos que tendrían que ver con su enriquecimiento que, como García Luna, se produjo súbitamente tras dejar el cargo.
Es sabido que Calderón tenía una peculiar relación económica con el magnate Alberto Bailléres, que le guardaba unos dineros, pero tras su muerte, en febrero del año pasado, el heredero vacila si mantiene ese mismo trato o lo liquida.
Eso y el juicio de García Luna hizo a Calderón emprender la huida a España, donde se protege detrás de un poderoso grupo político-empresarial del que se darán detalles en este espacio en próximas entregas y que también ampara a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, los tres —qué curioso— involucrados en escandalosos fraudes electorales que los llevaron al poder y ahora autoexiliados.
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