Álvaro DelgadoPor Álvaro Delgado Gómez
En una de las más truculentas intromisiones del gobierno de Estados Unidos en México, que hace dos años pactó con los “Chapitos” el secuestro y la entrega en ese país del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, todas las instituciones nacionales de seguridad y justicia han fallado.
Es inaudito, grotesco y hasta ridículo que, durante seis meses, éstas hayan tenido en su poder al piloto que se llevó al capo en una aeronave sin acusarlo, entre otros delitos por traición a la patria, y lo hayan entregado a los estadounidenses con la argucia de seguridad nacional.
Ni siquiera está claro si el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, rindió declaración ministerial sobre el traslado aéreo que hizo de “El Mayo” y de su captor, el también narcotraficante Joaquín Guzmán López, a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, pese a que desde su detención en Sinaloa, el 8 de febrero del año pasado, se supo de manera fehaciente de su identidad y de su participación en los delitos que se cometieron en Huertos del Pedregal, incluido el asesinato del Diputado federal electo priista Héctor Melesio Cuén Ojeda.
No está claro tampoco si la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue informada de este caso en particular y, si lo fue, si avaló como Jefa de Estado la entrega de “El Jando” al gobierno de Estados Unidos. Por salud pública, por el bien de la nación, eso debe esclarecerse plenamente.
El primero que reconoció la identidad del piloto fue el Secretario Omar García Harfuch, a pregunta expresa en la conferencia de prensa mañanera del martes 11 de febrero, a la que asistió también el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, sólo tres días después de que fue detenido, en posesión de un arma, mil tabletas de fentanilo y casi un kilo de metanfetaminas.
“Es una investigación que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República —respondió García Harfuch—, pero sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”.
Si alguna duda había de la identidad del piloto que se llevó a “El Mayo” y al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos, la despejó la Fiscal General Ernestina Godoy, el martes 8, cuando afirmó que ésta se confirmó con un peritaje en materia de audio, proporcionado por el organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), de su voz en el momento en que solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez el código transponder para ingresar a territorio estadounidense.
Y más aún, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, David Boone de la Garza, detalló que “El Jando” fue deportado de Estados Unidos después de entregar a ambos capos y, tras estar preso seis meses en México por cometer varios delitos, fue entregado a ese país.
“El piloto fue deportado [de Estados Unidos], siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta; fue detenido por portación de arma y fue entregado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, al Gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto”, precisó el Fiscal encargado del esclarecimiento del esclarecer la intromisión del gobierno de ese país en México.
No hay ninguna duda, entonces, que las autoridades de México, sobre todo el Gabinete de Seguridad —que integran las secretarías de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Defensa y Marina, así como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional—, tuvieron durante medio año a un testigo clave de uno de los mayores escándalos de injerencia de Estados Unidos y, por torpeza o complicidad, lo entregaron a las autoridades de ese país.
El secuestro de “El Mayo”, la captura y vinculación a proceso de “El Jando” y la entrega de éste a Estados Unidos acontecieron cuando el Fiscal General era Gertz Manero, quien desde diciembre es Embajador de México en Inglaterra, pero también el Secretario García Harfuch, quien avaló la entrega del piloto como parte de las 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que, a petición del Departamento de Justicia, se entregaron a ese país y que, según este funcionario, “representaban un riesgo para la seguridad de México”.
¿Por qué la FGR no le fincó cargos a “El Jandos” si estaba involucrado en los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, secuestro y traición a la patria, entre otros, como la propia FGR informó el 11 de agosto de 2024 al iniciar la carpeta de investigación número SON/HSO/0001/882/2024? De nada de esto informó Gertz Manero ni han informado las actuales autoridades de México. Y si no aclaran esto, que es tan elemental, menos van a poder probar la injerencia de Estados Unidos en el secuestro de “El Mayo”. Por eso recurren sólo a una publicación periodística sobre la donación del FBI de la aeronave a un museo. Es ridículo.
“El Jando”, debe recordarse, cometió por lo menos el delito de traición a la patria, que el artículo 123 del Código Penal Federal castiga con la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
La fracción cuarta de este artículo especifica que comete el delito de traición a la patria “al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.
Este último párrafo fue adicionado, el 17 de julio de 1992, luego de que fue absuelto en Estados Unidos el médico Humberto Álvarez Machain, secuestrado por expolicías mexicanos contratados por la DEA para llevarlo de manera ilegal a Estados Unidos, en clara violación a la soberanía de México.
Es obvio que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, cometió el delito de traición a la patria al llevar a Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, pero esto tiene una consecuencia legal de enorme relevancia que ha pasado desapercibida en medio del escándalo.
La Ley de Seguridad Nacional dispone, en su artículo 74, que si esto se comprueba México deberá suspender la cooperación bilateral con Estados Unidos, una reforma que promovió Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020:
“Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
En el caso del piloto del Cártel de Sinaloa, que negocia en Estados Unidos salir pronto de la cárcel, caben todas las interpretaciones. Ninguna es favorable a las autoridades de México, que ni siquiera han sido capaces de esclarecer el homicidio del Diputado federal electo del PRI Héctor Melesio Cuen Ojeda, uno de los asistentes a la reunión donde fue secuestrado “El Mayo” hace dos años. Es, hasta ahora, un fracaso del Estado mexicano.
