Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
En las últimas dos semanas del primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, un cúmulo de pendientes —la regulación de los vapeadores, el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral— deberán ser dictaminados y resueltos paralelamente al presupuesto de Egresos de la Federación.
A marchas forzadas, los parlamentarios resolverán sobre las 20 reformas constitucionales heredadas por la administración lopezobradorista y antes de la pausa navideña, también desahogarán las primeras iniciativas promovidas por Claudia Sheinbaum. Todas, encaminadas a consolidar las políticas sociales de la Cuarta Transformación.
Entre lo que actualmente está en fase de dictaminación y aprobación y lo ya decretaron, los congresos locales también aceleran el paso para que, previa publicación en el Diario Oficial de la Federación, las reformas de la 4T tengan plena vigencia.
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La más reciente, la reforma a los párrafos primero y segundo, así como la adición de los párrafos segundo, cuarto y quinto de la fracción XII del apartado A del Artículo 123 constitucional que mandata a las empresas involucradas en los sectores agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otro sector, a proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores.
Para ello, deberán realizar aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda, con lo que queda garantizado en la Carta Magna que los trabajadores tengan acceso a condiciones de vivienda dignas mediante un sistema de financiamiento, sostenido por las aportaciones empresariales.
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El plazo de seis meses para implementar esta reforma ya está corriendo. En ese lapso, los parlamentarios deberán alistar el nuevo marco normativo de este Fondo Nacional de Vivienda, que tendrá el mandato de establecer un sistema de vivienda con orientación social que facilite el acceso a créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas.
La legislación secundaria deberá contemplar la creación de un nuevo organismo –que conjugará a representantes del Gobierno Federal, trabajadores y empleadores— que administrará los recursos del Fondo y dictaminará sobre los procedimientos que los trabajadores aplicarán para acceder a créditos y viviendas en arrendamiento social. El costo del crédito no podrá exceder 30% del salario del trabajador, y se priorizará a aquellos que hayan contribuido continuamente al fondo sin poseer vivienda propia.
Efectos secundarios
DESENCUENTROS. Los diferendos entre las autoridades mexicanas y canadienses también se extienden a la clase empresarial, que trajo más de 40,400 millones de pesos, el año pasado. Uno de los pleitos más sonados involucra al fondo ICM Asset Management, con sede en Calgary, y a la inmobiliaria Global Businesses, por los recursos concentrados en un fideicomiso administrado por Banca Mifel que serían invertidos en la edificación de media docena de conjuntos residenciales en la Ciudad de México.
RELEVOS. Antes de que acabe este 2024 se han confirmados dos cambios en el cuerpo diplomático acreditado en México. El embajador de China, Zhang Run, cumplió con su misión durante 22 meses y regresa a su país; mientras que Konzo Honsei se hará cargo de la embajada japonesa. Un reencuentro, pues en la década de los noventa ya había trabajado en esa legación en México.
INCLUSIÓN. Por quinto año consecutivo, Ternium México recibió el certificado como Mejor Lugar para Trabajar LGBT+, tras de haber obtenido la máxima calificación en el Índice HRC Equidad Mx 2025. La empresa regiomontana es la única en el sector acerero en recibir este reconocimiento.
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