Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
La llegada de Félix Arratia a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León dijo menos de una agenda ecológica que de un cálculo político. Abogado y financiero, sin trayectoria en activismo ni en academia ambiental, aterrizó con señalamientos derivados de su paso por el Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León y con la promesa —siempre ambigua— de que no usaría el fuero como escudo. Ya en funciones, privilegió el golpe de efecto: amagó con clausurar la Refinería de Petróleos Mexicanos en Cadereyta, publicó listados de compañías “incumplidas” y empujó la verificación vehicular —la revisión obligatoria de emisiones para autos—, mientras relativizaba los protocolos de emergencia al sostener que un solo día de mala calidad del aire no necesariamente amerita alerta. Cuando el Congreso local le pidió cuentas por el desmonte del cauce del río Santa Catarina —retiro de vegetación y material en una zona de riesgo—, evitó explicar quién autorizó y con qué sustento técnico. El saldo es claro: más control de la narrativa que resultados medibles en reducción de contaminantes; una secretaría usada como blindaje político en un estado con episodios recurrentes de aire sucio.
El pasado de Arratia explica mucho sobre su presente. Su carrera se construyó en el ámbito fiscal, donde su reputación se forjó más por denuncias que por resultados. En su paso por el SAT estatal acumuló acusaciones de abuso de autoridad y de hostigamiento a contribuyentes, lo cual marcó una huella de desconfianza en quienes lo conocieron.
Con ese historial, no tardaron en aparecer nuevas alertas. Sectores empresariales lo han identificado como el presunto artífice de un sistema de presión bautizado como “extorsión administrativa”, mediante el cual compañías eran hostigadas con amenazas de auditorías, cuya única vía de escape consistía en pagar cuotas periódicas. Un modelo de recaudación paralelo disfrazado de fiscalización.
El problema es que esa misma lógica parece haberse trasladado al terreno ambiental. Desde su oficina se percibe un patrón similar de chantaje, ahora aplicado bajo el argumento de regulaciones ecológicas. Casos como el desmonte del Río Santa Catarina, aún sin esclarecer, alimentan la sospecha de que las decisiones de la dependencia se guían más por intereses económicos que por criterios técnicos.
Para empresarios y organizaciones civiles, Arratia representa un tipo de funcionario que transforma a las instituciones en herramientas de presión. En lugar de garantizar un marco legal justo, instala mecanismos de control que generan ganancias privadas y consolidan poder político, dejando de lado el verdadero mandato de proteger al medio ambiente.
Nuevo León enfrenta una paradoja: mientras necesita un liderazgo firme que defienda sus recursos naturales, tiene al frente de la secretaría a alguien señalado por utilizar su puesto como instrumento de recaudación encubierta. Los ecosistemas del estado no requieren más burócratas con tácticas fiscales recicladas, sino gestores comprometidos con la sustentabilidad.
Al final, Arratia parece entender mejor el valor del dinero que el de un río limpio o un bosque sano. Su gestión refuerza la percepción de que lo único “verde” en su proyecto es el capital que circula en las sombras, mientras el aire empeora, el agua se agota y los ciudadanos observan cómo la dependencia ambiental se convierte en un feudo administrativo con fines ajenos a la ecología.
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