Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
Twitter: @Arturo_Rdgz
El llamado impuesto verde nació en 2022 como una de las banderas de la administración de Samuel García en Nuevo León. Su objetivo era que las empresas que contaminan el aire, el agua o el suelo pagaran un gravamen que después se destinaría a proyectos ambientales. El año pasado, 2024, alcanzó una recaudación histórica de más de mil 500 millones de pesos, consolidándose como la segunda fuente de ingresos estatales, sólo detrás del Impuesto Sobre Nómina.
Este 2025, sin embargo, la historia cambió de forma abrupta. En el primer semestre los ingresos por este concepto sumaron apenas 325 millones de pesos, lo que representa una caída del 42 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La meta oficial era ambiciosa, casi 3 mil millones de pesos, pero en lo que va del año apenas acumula un once por ciento de lo presupuestado.
Más allá de los tecnicismos fiscales, la explicación que circula en el sector privado es mucho más simple y preocupante. Varias empresas contaminantes han optado por no pagar el impuesto completo y, en su lugar, negociar con el gobierno mediante moches y arreglos que reducen su carga tributaria o, de plano, los exentan del cobro.
Esto no solo erosiona las finanzas estatales, también golpea la credibilidad del gravamen. De ser concebido como una herramienta para mejorar la calidad del aire y del agua, el impuesto verde se ha convertido en un mecanismo opaco, cuestionado por el destino de los recursos a proyectos poco relacionados con el medio ambiente, como la ampliación del Metro o la compra de camiones urbanos.
El Congreso local ya ha levantado la voz y exige explicaciones a la Tesorería estatal. Pero mientras tanto, en la práctica se envía el mensaje perverso de que las empresas que contaminan pueden librarse de pagar si tienen las conexiones adecuadas. Y eso, lejos de incentivar mejores prácticas ambientales, institucionaliza la corrupción.
La caída de la recaudación parece ser un síntoma de un problema más profundo. Nuevo León presume modernidad, innovación y liderazgo, pero cuando se trata de aplicar impuestos con justicia y transparencia, sigue atrapado en prácticas de la vieja política. El impuesto verde no se desplomó por casualidad, su caída se pudo haber dado porque unos cuantos encontraron en él una mina de moches.
La gestión de Alfonso Martínez Muñoz, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, dejó mucho qué desear. Su enfoque, centrado en castigar, castigar y cobrar, generó mucho ruido, pero pocos resultados concretos. Ahora con Raúl Lozano al frente, perfil que en el sector fue bien visto, está la oportunidad de justificar el impuesto. Ya veremos.
Regular la IA
El caso de un joven en Estados Unidos que recurrió a un chatbot para planear su muerte exhibe el lado más oscuro de una inteligencia artificial sin controles. Este episodio, retomado por el Diputado federal Eruviel Ávila Villegas en la sesión de Concamin, que encabeza Alejandro Malagón Barragán, es un recordatorio de que México no puede aplazar la discusión sobre cómo regular la tecnología. El legislador llamó al empresariado a sumarse en la construcción de un marco legal que ponga límites claros, pero sin frenar la innovación. Desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se empuja una ruta ética y humana, porque los algoritmos ya influyen en la economía, la educación e incluso la seguridad pública. En paralelo, Alfonso Ramírez Cuéllar planteó a los industriales una Ley de Infraestructura para el Bienestar, que busca darle al país un piso más sólido para enfrentar los retos del futuro. A tiempo.
Impuesto sin sustento
La Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) se pronunció en contra de la medida del gobierno mexicano que pretende elevar el IEPS e incluir a las bebidas endulzadas con edulcorantes bajos o sin calorías a partir de 2026. El organismo sostiene que lejos de mejorar la salud pública, esta decisión desincentiva la innovación y pasa por alto la evidencia científica que respalda la seguridad de estos ingredientes. Avalados por instancias como la EFSA, la FDA y la OMS, los edulcorantes sin calorías se han presentado como una herramienta útil para reducir el consumo de azúcar, controlar el peso y apoyar a quienes viven con diabetes. En un país con altos índices de obesidad y enfermedades no transmisibles, la pregunta obligada es si el castigo fiscal a alternativas bajas en calorías es un paso en la dirección correcta o un tropiezo que hará más difícil enfrentar la crisis de obesidad.
Debate urgente
Rotoplas servicios de agua, encabezado por Juan Pablo Rodríguez, organiza el webinar “Revolución Hídrica: soluciones que transforman el futuro del agua”, que se transmitirá el 23 de septiembre. El evento de acceso gratuito que se podrá registrar a través del Linkedin oficial de la compañía, reunirá a voces clave como Regina Reyes-Heroles, Alejandro Sturniolo y Tamara Luengo para abordar una conversación en cómo alcanzar seguridad hídrica mediante innovación, inversión y colaboración. La relevancia de este foro radica en su capacidad para vincular soluciones tecnológicas con estrategias financieras y sociales que impulsen un modelo Water Positive en el país. No olvidemos que más de 35 millones de mexicanos carecen de acceso suficiente y la disponibilidad per cápita cayó 30% en dos décadas, por lo que este tipo de discusiones son más que necesarias.
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